En tiempos en los que parece que todo está perdido, en momentos en los que cada vez más personas están viendo recortados de forma dramática sus derechos queremos, desde Córdoba Solidaria, REBELARNOS CONTRA LA POBREZA.
Siempre hemos dicho que queremos SOÑAR LO GRANDE MIENTRAS HACEMOS LO PEQUEÑO, pero ahora, hasta soñar cada día es más difícil, ya que las consecuencias de la gestión de esta crisis están siendo devastadoras: más de 1.400 millones de personas viven en pobreza extrema en el mundo y casi 1.000 millones pasan hambre y no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, salud o educación ¿de qué sirve, entonces, que 189 jefes de estado se comprometieran en el año 2000 a reducir a la mitad el hambre en el mundo para el año 2015, si lo que están consiguiendo con las políticas que están aplicando es el efecto contrario?
En nuestro país el panorama no es más alentador: como consecuencia de un modelo de desarrollo económico fallido y de políticas que priorizan recortes que merman los derechos básicos en empleo, educación, igualdad, sanidad, cultura, y otros… ostentamos la vergonzosa cifra de 12 millones y medio de personas (casi el 27% de la población) viviendo en la pobreza y absolutamente excluidas de un sistema que últimamente se dedica a promover, más que nunca, la injusticia y la inequidad. De ellas, más de 3 millones están en Andalucía, convirtiendo a nuestra comunidad en la cuarta con mayores índices de exclusión.
Estas cifras son escandalosas y tenemos tanto el derecho como el deber de exigir que se tomen medidas encaminadas a revertirlas de forma efectiva, atajando las causas que las han provocando, ya que esto es consecuencia de un sistema injusto cargado de decisiones político-económicas que privilegian el crecimiento económico por encima de la justicia y la solidaridad, que se inclina ante el poder de los mercados y de la banca en lugar de promover un desarrollo equitativo, justo y sostenible para toda la humanidad y que prioriza el déficit económico sobre el déficit social. Además, se trata de un sistema en el que la opinión de la población cada día es menos significativa porque a pesar de que el número de manifestaciones y acciones de protesta contra las decisiones del gobierno es, a estas alturas del año, un 97% mayor que en todo el año 2011, se criminaliza y ridiculiza abiertamente desde la esfera política a las personas que ejercen su libre derecho a la manifestación, la huelga o cualquier otra forma de protesta pacífica.
En cuanto a la cooperación y solidaridad, el retroceso no puede ser mayor ni más desigual en relación con la pérdida de riqueza de España: mientras que la media de recorte de los Ministerios ha sido de un 17%, el presupuesto destinado a cooperación y solidaridad se ha rebajado en un 23% solo en el año 2012 -cifra que asciende al 73% si le sumamos el acumulado de recortes que se vienen produciendo desde el año 2009- lo cual supone el desmantelamiento de una política pública con más de 30 años de existencia. En este momento destinamos a la solidaridad el 0,20% de la Renta Nacional Bruta, lo cual nos aleja profundamente del objetivo del 0,7% que las organizaciones sociales llevamos reivindicando desde los años 80.
En el ámbito andaluz, si bien no podemos concretar datos sobre recortes relativos al año 2012 puesto que aún no se ha dado a conocer el presupuesto disponible, la deuda contraída por la administración pública con las organizaciones que trabajan en el ámbito de la solidaridad -que asciende a 33 millones de €, cifra record en nuestro país- está provocando la pérdida de cientos de puestos de trabajo y la desaparición de decenas de organizaciones sociales lo que provoca la desarticulación de la sociedad civil y socava, aún más, nuestra capacidad de participación e incidencia en la toma de decisiones.
En línea con esta escalada de desiguales injusticias, encaminadas a desmantelar el sector, el gobierno de nuestra ciudad planea para el 2013 un recorte del 35% en sus políticas de solidaridad.
Y no se puede continuar argumentando que no hay dinero porque este argumento, a estas alturas, resulta inmoral, denota un compromiso político nulo y, además, no es cierto. El problema no está en la cantidad, sino en la distribución.
La crisis no puede ser la excusa para retroceder en derechos y en solidaridad, ni para eliminar las políticas públicas redistributivas y garantes del bienestar social. No puede serlo, sencillamente, porque al contrario de lo que nos dicen SÍ HAY ALTERNATIVAS:
-Exigimos que las políticas públicas promuevan, protejan y garanticen los derechos civiles, políticos, laborales, económicos, sociales, culturales y medioambientales. Los DDHH no son un privilegio para las épocas de bonanza sino un deber de los Estados y garantizarlos debe ser el fin último de la política y la economía.
-Exigimos que la lucha contra la pobreza sea una Política de Estado que alcance todos los niveles (central, autonómico, provincial y municipal) independientemente del grupo político que esté en el poder.
-Exigimos el cumplimiento del 0,7% de la RNB para Ayuda Oficial al Desarrollo y que se destine el 30% del PIB a inversión social (sanidad, educación, dependencia, protección social, etc.) igualando la media de los países europeos.
-Exigimos que cesen los desalojos forzosos que condenan a las familias a la exclusión. Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor número de desahucios, después de la Comunidad Valenciana. Solo en el año 2012 se produjeron 3.861.
-Exigimos un sistema fiscal progresivo en el cual pague más el que más tiene.
Exigimos la creación de un impuesto a las transacciones financieras internacionales y la eliminación de los paraísos fiscales y de las amnistías fiscales para los defraudadores.
Marta Barreira Sevillano, representante de Córdoba Solidaria en el Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad