La desnutrición crónica constituye un problema de salud pública en Mozambique e impide el desarrollo humano del país. En la zona de intervención, la agricultura familiar de subsistencia es la principal fuente de acceso y disponibilidad de alimentos para las familias. Los sistemas agrícolas eran muy frágiles, en sui mayoría con poco desarrollo tecnológico, sin sistemas de riego, con una producción muy baja y poco diversificada, no orientada a la nutrición y muy dependiente de factores climáticos externos. Su nivel de resiliencia a los cambios de contexto, ya sean climáticos, económicos o políticos, era muy bajo, lo que les colocaba en una situación de gran vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.
Un elemento crítico era la falta de acceso al agua potable y al saneamiento básico. La mayor parte de la población se abastecía de agua de ríos o lagunas, seguida de pozos y manantiales abiertos, y pocas familias trataban el agua antes de consumirla. Por otro lado, la mayoría de las familias no disponían de letrinas y las que las tenían eran letrinas no mejoradas. Las mujeres constituyen el 90% de la mano de obra agrícola en un modelo agroalimentario que las excluía de los derechos de propiedad, el acceso al crédito o la participación social y política. La pobreza y la desigualdad afectaban sobre todo a las mujeres, con altas tasas de analfabetismo y un acceso limitado a los recursos productivos, al crédito y a la propiedad de la tierra. Además, los altos índices de violencia física y sexual limitaban su libertad y violaban sus derechos.
Ante la problemática anterior, el convenio trataba de incidir, desde un enfoque multisectorial, en las causas de la inseguridad alimentaria: inmediatas (ingesta y uso inadecuado de alimentos), subyacentes (disponibilidad, acceso, seguridad, estabilidad, adecuación y uso de los alimentos; saneamiento y salud; educación nutricional) y estructurales (marco jurídico, institucional y político-presupuestario). Los ejes de intervención estuvieron orientados a garantizar la disponibilidad y el acceso a los alimentos, a fortalecer la resiliencia de la agricultura familiar, a mejorar la nutrición, los hábitos alimentarios y el saneamiento ambiental, a mejorar la autonomía de las mujeres y su participación social y política, y a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil para su participación en las políticas públicas de SAN.
La coordinación del convenio, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), estuvo a cargo de Enraíza Derechos y CIC Batá, que trabajaron en la implementación con tres socios locales: Fundación Encuentro (FE), Red de Organizaciones para la Soberanía Alimentaria (ROSA) y la Unión Nacional de Campesinos (UNAC). El convenio tuvo una duración de cinco años, desde enero de 2019 a diciembre de 2023, y benefició a 3.087 familias de 18 comunidades de los distritos de Boane, Matutuine, Magude, Moamba y Namaacha.
El trabajo llevado a cabo durante estos años ha permitido conseguir los diferentes resultados planteados en el ámbito de la intervención. De manera general, se pueden destacar los siguientes logros:
Mejorar el acceso y la disponibilidad de alimentos: Se mejoró y diversificó la producción de alimentos y la adopción de medidas de adaptación al cambio climático que han permitido aumentar la producción y el consumo de alimentos nutritivos en cantidad y calidad suficientes. La propuesta apostó por cultivos resistentes a la sequía y de alto valor nutricional, así como por la producción local y los cultivos hortícolas bajo un enfoque agroecológico.
Mejorar el estado nutricional de los grupos más vulnerables: A través de la vigilancia, el fortalecimiento de capacidades, la educación nutricional, el acceso al agua y al saneamiento y los entornos saludables para reducir las enfermedades relacionadas con el consumo de agua no potable y la falta de saneamiento, que tienen un impacto directo en la malnutrición. El trabajo se realizó en coordinación con los centros de salud para asegurar que los grupos vulnerables recibiesen la atención, seguimiento y fortalecimiento nutricional. El convenio contribuyó a la identificación desagregada de indicadores relacionados con la producción, uso y consumo de alimentos, la adopción de prácticas de higiene y el consumo de agua tratada, lo que permitió avanzar en la reducción de la desnutrición crónica.
Mejorar la autonomía de las mujeres y la equidad de género: Para que el sistema de producción de alimentos fuese más sostenible, se visibilizó el trabajo de las mujeres y se mejoró su acceso a la propiedad de los recursos productivos, trabajando con las mujeres más vulnerables en el acceso a la propiedad de la tierra, la capacitación económica y la participación en los espacios de toma de decisiones.
Fortalecer y articular las organizaciones campesinas y comunitarias para su participación en los procesos de monitoreo social y en la definición de las políticas SAN: El desconocimiento de las políticas y de los espacios de incidencia provocaba que los procesos de participación entre el sector público y la sociedad civil no se basasen en relaciones de diálogo horizontal. Equilibrar esta relación era esencial para avanzar hacia modelos participativos legitimados que tuviesen en cuenta a las organizaciones que representan y defienden los intereses de la agricultura familiar para la SAN.
Financia:
